En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, los Estados miembros de la UE reconocen la necesidad de que exista una mayor coherencia entre las políticas que afectan directa o indirectamente a los países en desarrollo (PED).
La ayuda por sí sola no puede acabar con la pobreza ni generar crecimiento. Algunas áreas políticas como la agricultura, el comercio, la migración y la seguridad, entre otras, tienen un gran impacto en cuestiones del desarrollo.
La Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) consiste en garantizar que los objetivos de desarrollo no se vean debilitados por otras políticas que tienen un impacto externo y, en la medida de lo posible, que dichas políticas contribuyan a ello. Esto implica un enfoque multilateral y coherente de los problemas, el análisis de las interrelaciones existentes y el tratamiento y mitigación de los conflictos de intereses existentes.
El compromiso político europeo con la CPD ha aumentado gradualmente desde la década de 1990. La base jurídica fue introducida por el Tratado de Maastricht (1992), complementada por el Tratado de Ámsterdam (1997) y el Tratado de Niza (2001) y reforzada por el Tratado de Lisboa (2009).
En los distintos foros multilaterales en los que participa Portugal, más allá del contexto de la UE, se ha suscrito la necesidad de avanzar en la búsqueda de una mayor coherencia para aumentar la eficacia de la ayuda, combatir la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para implementar sus compromisos internacionales a nivel interno, Portugal adoptó la Resolución del Consejo de Ministros n.º 82/2010, publicada en el Diário da República el 4 de noviembre de 2010, con el objetivo de garantizar la coherencia de las políticas nacionales que afectan a los países en desarrollo con la política de cooperación al desarrollo, para aumentar la visibilidad de la política exterior nacional y la eficacia de la ayuda pública portuguesa en la consecución de los ODM. Este objetivo debe materializarse mediante la definición de mecanismos formales de coordinación y seguimiento y el refuerzo del diálogo interministerial de forma efectiva y sistemática en los procesos de toma de decisiones gubernamentales sobre asuntos con impacto en los países en desarrollo.